Vigilar la protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas las etapas del procedimiento penal y suplir las deficiencias de este ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando el Asesor Jurídico Federal de las Víctimas considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público.